Un nuevo proyecto de ley, denominado "Ficha Limpia", busca impedir que personas condenadas por delitos graves como corrupción, violación sexual y narcotráfico ocupen cargos públicos en República Dominicana. La iniciativa, presentada por la diputada Adelis Olivares, está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados y ha generado un intenso debate sobre la necesidad de "adecentar la política" en el país.
El proyecto propone inhabilitar a individuos sentenciados en segunda instancia por 17 delitos graves. Estos quedarían fuera de la función pública durante un período de entre 8 y 16 años después de cumplir su condena. Además, se les prohibiría postularse para cargos electivos como presidente, vicepresidente, alcalde o diputado, y tampoco podrían acceder a pensiones o beneficios estatales durante ese tiempo. En casos extremos, como el terrorismo, la inhabilitación podría ser permanente.
El periodista Hansel García, durante su programa radial, destacó la importancia de esta iniciativa para combatir la corrupción y la impunidad. García instó al presidente Luis Abinader a respaldar el proyecto, asegurando que sería un legado clave de su gobierno. "Es momento de apoyar iniciativas como estas para mejorar la política", afirmó.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la propuesta. Algunos expertos en derecho, como Pedro Manuel Casals y José Martínez Brito, han señalado que la iniciativa podría violar derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana. Estos cuestionamientos han añadido complejidad al debate sobre la viabilidad y los alcances de la ley.
La "Ficha Limpia" tiene antecedentes en Brasil, donde una ley similar fue aprobada en 2010 tras recibir más de un millón de firmas de apoyo. En República Dominicana, el proyecto busca replicar este modelo para evitar que personas con antecedentes delictivos regresen a puestos de poder.
En resumen, la propuesta "Ficha Limpia" representa un esfuerzo por limpiar la política dominicana de figuras con historiales criminales. Aunque ha recibido apoyo, también enfrenta críticas por posibles conflictos constitucionales. El debate continúa abierto, mientras el país decide si esta iniciativa será el próximo paso en su lucha contra la corrupción.
