Un paciente afiliado al Régimen Contributivo de Senasa ha denunciado el uso de materiales de osteosíntesis de baja calidad durante su cirugía, lo que le causó graves complicaciones de salud y lo obligó a someterse a una segunda operación. Los insumos fueron suministrados por una empresa contratada por la institución, cuyos accionistas son funcionarios públicos, lo que ha levantado sospechas de conflicto de interés.
El hombre, de 42 años, sufrió un accidente de tránsito en enero de 2024 y fue intervenido en el Hospital General Docente de la Policía Nacional por múltiples fracturas, incluyendo una en el fémur izquierdo. Para la cirugía, Senasa autorizó el uso de materiales proporcionados por la empresa Carimed Services, especializada en la venta de aparatos ortopédicos.
Sin embargo, la placa colocada en su pierna no era de acero quirúrgico ni titanio, como debería ser, sino de un material frágil que su cuerpo rechazó. Ocho meses después, la placa se rompió dentro del fémur, lo que provocó una deformación en el hueso y obligó al paciente a someterse a una segunda cirugía en abril de 2025.
El insumo costó a Senasa RD$15,000, a pesar de que su precio de mercado ronda los RD$40,000 en casas comerciales reconocidas. “Lo que pudo resolverse con RD$100,000 terminó costando más de medio millón de pesos en terapias, cirugías y tratamientos adicionales”, lamentó el afectado.
Carimed Services, registrada en 2011, tiene como accionistas a Antolín Reynoso Morales, médico ortopeda del Hospital José María Cabral y Báez, y a Julio César De León Valdez, subdirector administrativo del mismo centro. Ambos figuran en la nómina estatal, lo que representa un conflicto de interés, ya que la Ley de Función Pública prohíbe a los servidores públicos ser proveedores del Estado en áreas relacionadas con sus funciones.
El paciente criticó que se prioricen precios bajos sobre la calidad de los materiales médicos. “No son palitos de tender ropa, son materiales que van dentro del cuerpo humano y deben garantizar una recuperación segura”, expresó.
Este caso pone en evidencia cómo la negligencia y las irregularidades en los procesos de compras médicas pueden tener graves consecuencias para la salud de los ciudadanos y generar costos económicos adicionales para el sistema de salud.
