Una polémica judicial sacude al país por la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo. La Fundación Pro-Desarrollo de Monte Plata (Fundemopla) y otras organizaciones anunciaron este sábado que llevarán a la Presidencia de la República y a la Fundación Macarrulla ante el Tribunal Superior Administrativo. El motivo: excluir al pueblo de Boyá como posible lugar de enterramiento del líder taíno y centrar las excavaciones en la iglesia de Las Mercedes de Azua.
Según Alberto Tavárez, abogado de Fundemopla, esta decisión ignora documentos históricos clave. Estos registros, respaldados por reconocidos historiadores como José Gabriel García, sitúan a Boyá como el último asentamiento indígena tras el acuerdo de Enriquillo con el Reino de España en 1533. Tavárez calificó la exclusión de Boyá como "alegre e interesada", argumentando que carece de fundamento histórico.
La controversia tiene implicaciones más allá de lo académico. Monte Plata, provincia donde se encuentra Boyá, ve afectado su derecho a reclamar su valor histórico. Además, esta decisión podría frenar planes de turismo histórico-cultural en la región, una fuente potencial de desarrollo económico local.
El conflicto se intensifica por la aplicación del decreto 183-21, emitido en diciembre de 2021. Este documento establece que la comisión para localizar los restos de Enriquillo debe estar presidida por el ministro de Cultura. Sin embargo, el PROPEEP y la Fundación Macarrulla, entidades no mencionadas en el decreto, han tomado la iniciativa en el proyecto. Según Fundemopla, estas organizaciones no han transparentado los gastos ni los procedimientos de ejecución.
Como parte de su estrategia legal, Fundemopla solicitará al Tribunal Superior Administrativo que suspenda las excavaciones en Azua. Esta medida busca detener temporalmente las operaciones hasta que se revisen las bases históricas y legales del proyecto.
El caso ha generado un intenso debate nacional sobre la preservación del patrimonio histórico y el uso correcto de los recursos públicos. Mientras tanto, la atención se centra en el Tribunal Superior Administrativo, que deberá decidir si detiene las excavaciones o permite que continúen en Azua. El fallo podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones históricas en el país.
