El Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva para Máximo Mendoza, acusado de falsificar actas de defunción de personas que aún están vivas. Las autoridades aseguran que Mendoza presentó estos documentos falsos en unidades médicas y oficinas del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Según las investigaciones, el acusado habría actuado con el objetivo de causar daño económico a ciudadanos vulnerables en la provincia de Valverde. Además, se aprovechaba de personas beneficiarias de programas sociales del Estado, quienes recibían RD$2,100 mensuales para cubrir necesidades básicas.
Mendoza les ofrecía préstamos personales que oscilaban entre RD$5,000 y RD$15,000, y como garantía, retenía sus tarjetas de asistencia social. Este tipo de prácticas habría dejado a las víctimas en una situación aún más precaria.
Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si hay más personas involucradas en este esquema fraudulento. Por ahora, Mendoza enfrenta cargos graves que podrían llevarlo a la cárcel mientras se resuelve su situación legal.
Este caso pone en evidencia la importancia de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y de fortalecer los mecanismos de control para evitar este tipo de delitos.
