El Ministerio Público ha tomado medidas legales para bloquear posibles transferencias de bienes vinculados a Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas tras el colapso del techo durante una fiesta. Las acciones buscan proteger los derechos de las víctimas y evitar que Espaillat evada responsabilidades financieras.
Las diligencias judiciales incluyen empresas como Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades asociadas al empresario. Según fuentes oficiales, se sospecha que Espaillat intentaba transferir bienes a su nombre para evitar compensar a las víctimas del trágico suceso.
El Ministerio Público ha solicitado un impedimento cautelar para detener cualquier transacción relacionada con los activos del empresario mientras avanza la investigación. Esta medida forma parte del esfuerzo por garantizar justicia para los fallecidos y los más de 100 heridos que resultaron afectados.
Espaillat se ha presentado voluntariamente ante la Fiscalía del Distrito Nacional para colaborar con las pesquisas sobre el derrumbe ocurrido en su establecimiento.
La Ley Orgánica del Ministerio Público respalda estas acciones, estableciendo su rol como garante en la lucha contra la impunidad y en representación de los intereses sociales.
Con estas medidas, las autoridades buscan asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para compensar a las familias afectadas por una de las tragedias más devastadoras en años recientes.
