Un total de 115.461 haitianos indocumentados han abandonado “por voluntad propia” la República Dominicana y han regresado a su país de origen en lo que va de año, según cifras oficiales dadas a conocer este domingo por la Dirección General de Migración (DGM). Estas salidas se enmarcan en las medidas del Gobierno dominicano para controlar la inmigración irregular y garantizar la seguridad ciudadana.
Las autoridades migratorias aseguran que estos retornos se han llevado a cabo “en un marco de respeto a los derechos humanos”, facilitando un proceso seguro y ordenado. Solo en agosto, 20.586 haitianos abandonaron el país, según los datos oficiales. La DGM ha subrayado que estas medidas buscan promover “una migración más ordenada y humana”, al tiempo que combaten el tráfico de personas y protegen a los ciudadanos dominicanos.
En abril de este año, el presidente dominicano, Luis Abinader, instó a los haitianos indocumentados a “marcharse voluntariamente” o enfrentar la repatriación. Esta política forma parte de los esfuerzos del Gobierno para abordar la inmigración irregular desde Haití, un país sumido en una crisis multifacética que incluye problemas de seguridad, económicos y sociales.
Las cifras publicadas por la DGM revelan que, entre enero y agosto de 2023, 250.741 haitianos en situación migratoria irregular fueron deportados. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha alertado sobre el aumento de casos de personas vulnerables, incluidas mujeres embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a Haití, donde enfrentan una situación humanitaria cada vez más precaria.
Además, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que las políticas migratorias de República Dominicana están “arraigadas en el racismo”, acusando al Estado de privar arbitrariamente de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia. AI también ha criticado la negación de servicios básicos, como la salud, a personas en función de su estatus migratorio.
En resumen, mientras el Gobierno dominicano defiende sus medidas como necesarias para garantizar la seguridad y el orden migratorio, organizaciones internacionales y de derechos humanos advierten sobre las consecuencias humanitarias y sociales de estas políticas, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
