El juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y otros implicados en la Operación Camaleón, un caso emblemático de corrupción y crimen organizado, fue pospuesto nuevamente. La jueza Yanibet Ribas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fijó el nuevo inicio para el 16 de marzo, tras aceptar una solicitud de aplazamiento por motivos médicos presentada por uno de los abogados defensores.
El caso, que involucra a altos funcionarios y empresarios acusados de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, ha mantenido en vilo a la opinión pública desde que estalló en octubre de 2023. La investigación, liderada por el Ministerio Público, reveló un entramado de irregularidades en contratos públicos relacionados con la modernización del sistema de tránsito en el Gran Santo Domingo, con montos que superan los 1,317 millones de pesos.
Entre los principales acusados se encuentran José Ángel Gómez Canaán (Jochy), empresario vinculado a varias empresas implicadas en el esquema, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT. También figuran otros funcionarios y empresarios señalados por formar parte de una red que, según las autoridades, operaba bajo un sofisticado sistema de corrupción administrativa y sabotaje tecnológico.
El proceso judicial ha sufrido varios retrasos desde su inicio. Inicialmente, el juicio preliminar estaba programado para el 17 de noviembre de 2025, pero ha sido aplazado en tres ocasiones. Las medidas cautelares impuestas a los implicados han variado: algunos enfrentan prisión preventiva, mientras que otros cumplen con arresto domiciliario o garantías económicas. En noviembre de 2024, la Corte de Apelación modificó las medidas coercitivas para Beras, Gómez Canaán y Padovani Báez, imponiéndoles impedimento de salida del país y presentación periódica ante la justicia.
Las implicaciones del caso son profundas. Además de exponer fallas en los sistemas de contratación pública, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas del Estado frente a actos de corrupción y sabotaje. Las empresas vinculadas al esquema, como Transcore LATAM y Aurix S.A.S., habrían obtenido acceso privilegiado a recursos estratégicos, lo que permitió el desvío de fondos públicos y operaciones de lavado de activos.
El Ministerio Público ha calificado el caso como complejo, debido a la magnitud de los delitos y la cantidad de implicados. Se espera que el juicio preliminar, ahora reprogramado, marque un hito en la lucha contra la corrupción en el país, aunque los continuos aplazamientos han generado escepticismo en algunos sectores.
El desarrollo del proceso judicial será clave para determinar el futuro de los acusados y para enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia la corrupción en las instituciones públicas.
