Nueva York celebró una victoria judicial este jueves después de que un juez federal bloqueara el intento de la Administración de Donald Trump de retirar casi 34 millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo en el sistema de transporte público más grande de Estados Unidos. El juez calificó la decisión del Gobierno como "arbitraria y caprichosa", recordando además los trágicos ataques del 11 de septiembre.
El juez Lewis Kaplan, de la corte federal del distrito sur de Nueva York, emitió una orden permanente que obliga al Gobierno a entregar los fondos a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). En su fallo de 28 páginas, Kaplan señaló que la retirada de los recursos era una "flagrante violación de la ley" y criticó que se basara en la oposición del Gobierno a las políticas de protección de inmigrantes indocumentados de la ciudad, conocidas como "ciudad santuario".
La disputa comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) revocaron la financiación del Programa de Subvenciones para la Seguridad del Tránsito (TGSP), que había sido asignada a la MTA para el próximo año fiscal. Ante esto, la Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda, respaldada por la ciudad, para evitar la medida.
En su decisión, el juez Kaplan recordó que, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, una comisión nacional recomendó mejorar la seguridad en el transporte público y asignar fondos en función de los riesgos. Destacó que la MTA no recibe fondos por estar en Nueva York, sino porque es una corporación pública creada por el estado, con una junta directiva designada por el gobernador.
"La MTA no es un instrumento de la ciudad de Nueva York", afirmó Kaplan, advirtiendo además contra acciones que "perpetúen las ilegalidades de las agencias gubernamentales". Subrayó que perder los 34 millones de dólares "socavaría el interés público", poniendo en peligro a quienes esos fondos buscan proteger.
La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James calificaron el fallo como "una victoria" para todos los neoyorquinos que usan el transporte público. En un comunicado conjunto, afirmaron: "Un tribunal ha confirmado una vez más que esta Administración no puede castigar a Nueva York eliminando arbitrariamente recursos de seguridad críticos".
En resumen, la decisión judicial no solo asegura la financiación para la seguridad del transporte en Nueva York, sino que también reafirma la importancia de seguir las leyes federales y proteger a los ciudadanos.
