La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha presentado una acción legal para exigir a las autoridades cumplir con la Ley 340-22 de Extinción de Dominio, aprobada hace dos años pero aún sin implementar. La demanda busca obligar a la Procuraduría General y al Consejo del Poder Judicial a crear unidades especializadas para combatir el lavado de activos y habilitar tribunales específicos.
Máximo Calzado Reyes, portavoz de la FJT, advirtió sobre las graves consecuencias de no aplicar esta ley. "La inacción en este tema es un flaco servicio al país", afirmó. Calzado subrayó que sin estas medidas, la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero se debilita significativamente.
La fundación también criticó las promesas incumplidas. Aunque Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, anunció planes para establecer una Procuraduría Anti Lavado, aún no se ha pasado "de la teoría a la acción". Además, el Poder Judicial no ha creado las estructuras necesarias para juzgar estos casos.
La FJT aseguró que recurrirá a todas las instancias legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. Consideran su aplicación como un avance crucial para el país en su lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, esta acción legal pone presión sobre las autoridades para actuar rápidamente y cumplir con una ley clave en materia judicial y anticorrupción.









