La Comisión de Infraestructuras de la Fuerza del Pueblo (FP) ha denunciado que el proyecto del Monorriel de Santo Domingo está plagado de fallos. Según el partido opositor, la obra, valorada en 500 millones de dólares, está mal planificada, carece de transparencia financiera y presenta graves deficiencias técnicas. Por ello, exigen su suspensión inmediata y una investigación sobre el uso de fondos públicos.
El informe titulado “El Monorriel de Santo Domingo: una crisis anunciada” señala que el sistema tendrá una capacidad insuficiente. Solo podrá transportar entre 12,500 y 20,000 pasajeros por hora, mientras que la demanda actual supera los 22,000. “Un sistema que nace al límite de su capacidad no es una solución; es posponer la crisis y desperdiciar recursos del pueblo”, afirmó el ingeniero César Fernández, dirigente del FP.
Además, el monorriel tendrá costos operativos entre un 10% y un 15% más altos que el Metro de Santo Domingo, que actualmente mueve hasta 40,000 pasajeros por hora. Esto se debe al uso de tecnología propietaria, lo que encarece su mantenimiento.
El documento también alerta sobre riesgos de seguridad. El sistema no cumple con normas internacionales como las NFPA 130, ASCE 7-22, ISO 22301 e ISO 31000. Tampoco cuenta con estudios que evalúen amenazas como sismos, incendios o huracanes.
En cuanto a la financiación, la FP denuncia opacidad en el manejo del Fideicomiso FITRAM, encargado del proyecto. El fideicomiso opera bajo secreto fiduciario, bancario y profesional, lo que impide la fiscalización de los fondos públicos. “No hay forma de saber cuánto dinero se maneja ni cómo se usa”, advirtió el diputado Tobías Crespo.
El proceso de licitación también está bajo sospecha. La FP lo calificó de “amañado”, alegando que las especificaciones del pliego de condiciones solo las cumplía el proveedor del monorriel de Santiago, lo que cerró la competencia internacional. Expertos aseguran que el proceso viola la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
En resumen, el Monorriel de Santo Domingo enfrenta críticas por su capacidad limitada, altos costos, falta de seguridad y opacidad financiera. La Fuerza del Pueblo exige una investigación urgente y la suspensión del proyecto para evitar un mayor desperdicio de recursos públicos.
