Un ciudadano peruano enfrenta hasta 40 años de prisión por generar una falsa alerta de bomba que paralizó el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), el principal terminal aéreo de República Dominicana. El incidente, ocurrido el 6 de enero de 2026, provocó el retorno forzoso de un avión, la suspensión temporal de operaciones y el desvío de vuelos, generando caos y poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Según las autoridades, Ángel del Pino Cuya realizó una llamada anónima a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), asegurando que un artefacto explosivo había sido colocado en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá. La aeronave, que ya estaba en el aire con pasajeros y tripulación a bordo, tuvo que regresar de inmediato para ser inspeccionada. Las operaciones en el aeropuerto se interrumpieron durante varias horas, afectando a cientos de viajeros y generando pérdidas económicas significativas.
El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), logró identificar y arrestar al acusado en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional. Durante el operativo, se incautaron evidencias clave que vinculan directamente a Del Pino Cuya con el hecho. Las investigaciones confirmaron que se trató de una falsa alarma, pero el impacto fue considerable, afectando infraestructuras críticas y comprometiendo la seguridad del sistema de transporte aéreo.
El caso ha sido catalogado como de alto impacto por las autoridades, quienes destacan que este tipo de acciones no solo generan alarma pública, sino que también representan una amenaza para la seguridad nacional. Los fiscales Andrés Mena y Felbelys Rosario solicitaron 12 meses de prisión preventiva para el imputado y la declaratoria de complejidad del proceso. La audiencia se llevará a cabo este jueves 5 de enero ante el juez Máximo Roa Saint Hilaire.
Del Pino Cuya enfrenta cargos por violar la Ley de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión por actos de interferencia ilícita. Además, podría ser condenado por terrorismo, un delito que en República Dominicana puede acarrear hasta 40 años de cárcel.
Este incidente pone en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante amenazas falsas y subraya la importancia de fortalecer los protocolos de seguridad. Las autoridades han reiterado su compromiso de aplicar todo el peso de la ley para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
