El sistema judicial dominicano enfrenta una crisis de eficiencia debido a la falta de acuerdos en los procesos penales, según autoridades del Ministerio Público. Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, advirtió que la ausencia de una cultura de consensos está retrasando la justicia y dificultando la lucha contra el crimen organizado. Este llamado coincide con las críticas hacia decisiones judiciales que, según Camacho, desincentivan la conciliación, pese a los esfuerzos teóricos del Poder Judicial por promoverla.
En declaraciones recientes, Camacho destacó que un sistema adversarial, como el que rige en República Dominicana, no puede funcionar sin acuerdos. "Habrá más consensos cuando acordar sea mejor que ir a juicio o mantenerse litigando", afirmó. Estas palabras reflejan una preocupación creciente sobre la lentitud de los procesos, que afecta tanto a los imputados como a las víctimas y al propio Estado.
La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, respaldó esta postura al subrayar que los acuerdos penales no eximen de responsabilidad a los acusados, pero sí facilitan la reparación de daños y agilizan la resolución de casos. Reynoso recordó que, durante su gestión en la Fiscalía del Distrito, hasta el 40% de los casos se resolvieron mediante acuerdos, una práctica que, según ella, ha sido parte del sistema desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en 2004.
Sin embargo, la falta de uniformidad en las decisiones judiciales ha generado contradicciones que desalientan esta práctica. Camacho lamentó que, aunque el Poder Judicial promueve teóricamente los acuerdos, en la práctica se emiten resoluciones que los obstaculizan. Esto se evidenció tras la Operación Lobo, un caso emblemático contra una red de sobornos, donde las decisiones judiciales fueron criticadas por su falta de coherencia.
Las autoridades insisten en que los acuerdos no solo benefician a las partes involucradas, sino también a la sociedad en general, que tiene derecho a una justicia pronta y eficaz. Reynoso destacó que, cuando los plazos se extienden, todos pierden: los imputados privados de libertad, las víctimas que esperan reparación y los fiscales que enfrentan cargas procesales excesivas.
El debate sobre los acuerdos penales resurge en un contexto donde el sistema judicial dominicano enfrenta desafíos de transparencia y eficiencia. Aunque las autoridades reconocen que algunos casos pueden beneficiarse de la prolongación, coinciden en que la falta de consensos está perjudicando el acceso a la justicia. Este llamado a fomentar una cultura de acuerdos podría marcar un punto de inflexión en la lucha por un sistema judicial más ágil y efectivo.
La implementación de estas medidas dependerá de la colaboración entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como de un cambio en las prácticas procesales que permita resolver los casos de manera más rápida y justa.
