Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamo al Procuraduría General de la República investigar lo antes posible denuncia de acoso sexual que pesa sobre el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez para evitar que la imagen de ese cuerpo se deteriore.
El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que debido a las expectativas que tiene la sociedad dominicana en el actual Cámara de Cuentas Las investigaciones de la denuncia deben concluir con celeridad y, si se encuentran indicios de la responsabilidad penal de Ramírez, "proceder en consecuencia" y en el hipotético caso de que no se confirme, "archivarla".
“Lo importante es que (la Fiscalía General de la Nación) investigue esto rápido porque es un órgano constitucional del cual la sociedad tiene muchas expectativas para que determine si hubo o no indicios, o si actuó o rechazó eso”, dijo Castaños Guzmán. .
Hoy el abogados adjuntos Fernando Quezada y García e Isis de la Cruz Duarte comenzó a entrevistar a supuestos testigos presentados por el abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez empleados del organismo de control y quienes formalizaron la denuncia contra Janel Ramírez.
García Paulino y Correa Jiménez presentaron a otros 10 colaboradores de la Cámara de Cuentas ofrecer sus testimonios a representantes del Ministerio Público, incluyendo Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro secretaria del pleno de la Cámara de Cuentas.
El Congreso debería haber creado una comisión.
Castaños Guzmán también consideró que el Congreso Nacional “debió designar una comisión de investigación” para determinar la veracidad de la denuncia realizada por García Paulino y Correa Jiménez.
“El Estado dominicano, cuando se presentan situaciones dentro de los órganos, ha diseñado herramientas para que o se aclaren situaciones como esta o se aclare también cualquier situación que no corresponda a la verdad”, dice el jurista.
El vicepresidente de Finjus aclara que la investigación “no es para establecer responsabilidades, ni siquiera, sino para determinar qué está pasando” en la institución que controla los recursos públicos.
“El Congreso debió, en atención a las solicitudes formuladas, incluidas las fuerzas representadas en él, designar una comisión investigadora de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República para determinar la verdad o no”, dijo.
