La exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien representó a La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es la única congresista condenada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un grupo de legisladores investigados por delitos como lavado de activos y corrupción. Pilarte fue sentenciada a cinco años de prisión y al decomiso de 13 bienes inmuebles, y actualmente cumple su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres. Mientras tanto, los casos contra otros legisladores siguen estancados, sin avances procesales significativos.
Entre los investigados se encuentran Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Sergio Moya, todos reelectos en 2024 y que continúan ejerciendo sus cargos en el Congreso Nacional. Aunque fueron señalados en operaciones como Falcón y Calamar, vinculadas a lavado de dinero y corrupción, sus expedientes no han avanzado hacia una acusación formal. El exdiputado Héctor Darío Feliz Feliz, también investigado, dejó de estar bajo jurisdicción privilegiada al no ser reelecto.
La Operación Falcón, lanzada en 2021, reveló una supuesta red de lavado de activos relacionada con el narcotráfico, mientras que la Operación Calamar, destapada en 2023, expuso presuntos actos de corrupción en expropiaciones irregulares y esquemas ilícitos con bancas de apuestas. A pesar de las investigaciones, los procesos judiciales contra los legisladores implicados no han avanzado, dejando en duda la eficacia de la justicia en estos casos.
En resumen, mientras Rosa Amalia Pilarte cumple su condena, los casos contra otros legisladores investigados por corrupción y lavado de activos siguen en punto muerto, generando críticas sobre la lentitud y falta de avances en los procesos judiciales.
