El Estado dominicano ha gastado más 9.582 millones de pesos desde 2018 para cumplir con sentencias judiciales en su contra. Este monto equivale a un promedio anual de 1.368 millones de pesos, según un reciente informe periodístico. La investigación reveló cómo estas demandas han impactado gravemente las finanzas públicas.
Las entidades más afectadas incluyen al Ministerio de Medio Ambiente, que pagó 261 millones de pesos este año por dos fallos judiciales; Bienes Nacionales, con desembolsos superiores a 769 millones en 2019, y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que desembolsó más de 1.124 millones entre 2018 y 2021. Además, el Ministerio de Interior y Policía acumula 26 sentencias, siendo una de las instituciones más sancionadas.
El informe también destacó retrasos sistemáticos en los pagos. Ciudadanos como Dannely Castro esperaron más de una década para recibir compensaciones. En otro caso emblemático,Juana Dolores Ferreira, quien ganó su demanda en 2006, no recibió su pago hasta 2019.
La Dirección Generaldela Policía Nacional ha sido unadelas instituciones más condenadas en acciones constitucionalesde amparo, acumulando pagos superiores a los 20 millones entre 2021y2024. Otras entidades como la Autoridad Portuaria Dominicana,INESPRE,el Instituto Agrario Dominicano e INDRHI también han enfrentado múltiples demandas millonarias.
Estas cifras exponen una grave crisis en la gestión financiera del Estado dominicano.El informe subraya la necesidad urgentede reformas para evitar que los recursos públicos sigan siendo drenados por litigios constantes.Además,se evidenció que muchas veces el Estado actúa como un "deudor moroso",agravando situaciones ya complicadas para los ciudadanos afectados.La investigación concluye señalando quela falta eficiencia administrativa no solo afecta a las arcas nacionales,sino también al bolsillo todos los dominicanos.
