El director del Intrant denuncia un desfalco de 730 millones de pesos en licencias de conducir
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, ha destapado un escándalo financiero que ha dejado al organismo con un agujero de 730 millones de pesos. La empresa PagoRD Xchange, encargada de procesar los pagos de las licencias de conducir, habría retenido hasta un 90 % de los ingresos que debían ser depositados al Intrant, en lugar del 10 % acordado.
El caso salió a la luz tras una auditoría especial solicitada el pasado 10 de febrero, la cual reveló graves inconsistencias contables. Según Morrison, durante más de tres años, PagoRD Xchange depositó solo entre el 3 % y el 5 % de los beneficios al Intrant, acumulando así la millonaria deuda.
El director del Intrant no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado 4 de julio, presentó una querella contra la empresa Dekolor, S.R.L., y sus ejecutivos Rogelio y Sandra Oruña, por presuntos delitos de corrupción privada, lavado de activos, estafa y asociación de malhechores. Morrison asegura que fue el propio Rogelio Oruña quien le reveló los vínculos de PagoRD Xchange con el empresario José “Jochy” Gómez Canaán.
Además, Morrison denunció que Dekolor intentó presionarlo con información personal, alegando que Gómez había descubierto una propiedad y una cuenta bancaria suya en Estados Unidos. El funcionario explicó que la vivienda fue adquirida tras vender un apartamento en Naco y obtener un préstamo bancario.
El contrato con Dekolor también ha sido objeto de críticas. Morrison señaló que se realizaron tres adendas sin la aprobación del Consejo Directivo del Intrant, lo que resultó en condiciones lesivas para el Estado. Además, destacó que el Estado dominicano no es propietario de la base de datos, el código fuente ni el software utilizado para la expedición de las licencias, elementos que pertenecen a Dekolor.
Morrison aseguró que no se arrepiente de haber realizado la denuncia y que “lo haría una, dos y tres veces, cueste lo que cueste”. Con esta acción, se ha convertido en el primer funcionario público en República Dominicana en demandar judicialmente a una empresa privada por un intento de corrupción.
El caso ha puesto en evidencia las fallas en los sistemas de control y supervisión del Intrant, mientras las autoridades trabajan para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. La investigación sigue en curso, y se espera que se tomen medidas legales contra los responsables.
