La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) ha levantado la voz ante graves irregularidades en tres procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Las investigaciones, lideradas por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), han sacado a la luz prácticas cuestionables que podrían afectar a decenas de pequeñas empresas locales.
Según las denuncias presentadas en el programa “El Informe con Alicia Ortega”, los procesos de compra de polos, pantalones, mochilas y zapatos para el INABIE en 2024 estuvieron plagados de irregularidades. Entre los hallazgos se encuentran la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de documentos obligatorios y la habilitación excepcional de proveedores que inicialmente habían sido descalificados. Además, se sospecha de posibles actos de colusión entre funcionarios públicos y oferentes.
CODOPYME ha denunciado que, mientras algunas empresas favorecidas continúan suministrando mercancías al INABIE, otras que cumplieron con todos los requisitos legales han sido injustamente incluidas en una “lista negra”. Esto ha llevado a muchas de estas pequeñas empresas al borde de la quiebra, con préstamos adquiridos para producir artículos que ahora no están siendo aceptados sin justificación alguna.
La Confederación también ha expresado su preocupación por la aparente discrecionalidad del INABIE al excluir a empresas críticas del proceso, muchas de ellas afiliadas a gremios empresariales que han denunciado estas irregularidades en medios de comunicación y reuniones oficiales.
Ante esta situación, CODOPYME ha solicitado la intervención urgente del presidente Luis Abinader para detener estas prácticas que ponen en riesgo la sostenibilidad de decenas de pequeñas y medianas empresas industriales nacionales, consideradas fundamentales para el aparato productivo del país.
Por su parte, la DGCP ha informado que las investigaciones continúan abiertas y que se han emitido resultados preliminares sobre las licitaciones de mochilas y zapatos, encontrando evidencias de irregularidades en 201 contratos. Los resultados sobre polos y pantalones aún están pendientes, así como las decisiones definitivas sobre las tres licitaciones.
CODOPYME reitera su compromiso con la transparencia y exige acciones concretas para proteger los derechos de los proveedores afectados y garantizar la integridad de los procesos de contratación pública. La situación sigue en desarrollo, mientras las pequeñas empresas esperan justicia y soluciones inmediatas.
