El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, han presentado una querella penal contra la empresa DeKolor, S.R.L., y sus principales ejecutivos, Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña. La acción legal marca un nuevo capítulo en una serie de controversias que han rodeado a esta compañía durante más de una década, incluyendo acusaciones de irregularidades en contratos públicos y vínculos con figuras polémicas.
DeKolor, fundada en 2004, ha estado en el centro de múltiples escándalos. En 2015, fue acusada de modificar contratos de emisión de licencias con el Ministerio de Obras Públicas sin seguir los procesos legales adecuados. Más recientemente, en 2023, su papel como fiadora solidaria en un concurso fallido para mejorar la red semafórica del Gran Santo Domingo fue cuestionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Según informes, la empresa ha girado alrededor de RD$ 4,655 millones desde 2017 por este contrato, cobrando RD$ 805.69 por cada licencia emitida.
Además, DeKolor aparece como fiadora solidaria en un préstamo de RD$ 120 millones que la empresa Transcore Latam obtuvo para respaldar el proceso de licitación del sistema de semáforos. Documentos oficiales de la DGCP también vinculan a DeKolor con José Ángel “Jochy” Gómez, una figura conocida por su historial de acusaciones relacionadas con hackeos, acceso ilegal a correos de figuras públicas y presuntos fraudes electorales. La empresa también ha mantenido vínculos societarios con Aquíles Jiménez, otro empresario señalado en operaciones de licitación pública.
Gómez ha sido acusado en varias ocasiones de espionaje digital, robo de identidad y presuntos actos fraudulentos, incluyendo su mención en el caso de los equipos de voto automatizado del PLD en 2019. Estas relaciones han aumentado las dudas sobre la estructura que ha operado alrededor de DeKolor y su entorno.
La querella del INTRANT también menciona investigaciones paralelas sobre empresas proveedoras vinculadas a la red de semáforos del Gran Santo Domingo, acusadas de alterar licitaciones, falsificar documentos y manipular procesos administrativos. Un actor clave en este caso es Pago RD, proveedor tecnológico del sistema de licencias, señalado como posible canal de desvío de fondos. Se investiga su relación operativa con DeKolor y Transcore Latam, esta última también beneficiaria del contrato anulado por Contrataciones Públicas.
Este entramado de empresas interconectadas parece haber operado durante años dentro del sistema de transporte y licencias, beneficiándose de contratos públicos sin cumplir con los estándares de transparencia. La querella busca no solo sancionar hechos puntuales, sino desmantelar un esquema empresarial que ha evadido el control institucional durante varias administraciones.
