San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó que Eduardo Pierluisi, cuya residencia y oficina el FBI allanó este jueves en la isla por una supuesta investigación criminal, es primo tercero suyo, pero que no le preocupa "lo más mínimo". "
El FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos participaron en el allanamiento a la firma de abogados y domicilio de Eduardo Pierluisi, así como a la empresa de Walter Pierluisi, ambos familiares del gobernador.
“Confirmo que somos familiares, pero no tengo información sobre el motivo del allanamiento, quién es el carné (sospechoso) ni el objetivo de esa investigación que aparentemente está en marcha. No tengo ningún detalle”, dijo el mandatario en declaraciones a los medios.
En ese contexto, Pierluisi precisó que el FBI nunca lo contactó para adelantar información sobre los allanamientos porque “esa no es la práctica de la agencia” y no tuvo ninguna comunicación con su familiar.
“Como en cualquier otra investigación federal, mi administración cooperará plenamente”, dijo.
Durante su gestión como gobernador, otras figuras importantes del oficialista Partido Nuevo Progresista que han sido investigadas y acusadas por las autoridades de diversos cargos penales, entre ellos corrupción y extorsión, son la exgobernadora Wanda Vázquez y los exalcaldes Ángel Pérez y Félix “El Cano” Delgado. . .
Vázquez (2019-2021) fue arrestada el 4 de agosto por el FBI en su residencia y acusada de un esquema de soborno con su campaña electoral de 2020.
El exsecretario de Justicia entre 2017 y 2019 enfrenta cargos de conspiración, soborno a un programa federal y fraude electrónico en servicios honestos, en un caso en el que también están el banquero Julio Herrera y el ex agente del FBI Mark Rossini, quienes se encuentran en Reino Unido. acusado. Reino Unido y España, respectivamente.
Vázquez, Herrera y Rossini podrían ser condenados, de ser declarados culpables, a una pena máxima de 20 años de prisión.
Herrera, con doble nacionalidad venezolana e italiana, era dueño del Banco Internacional Bancredito, que operaba en San Juan, mientras que el exagente Rossini brindaba servicios de consultoría al banquero.
Según la acusación, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a asesores políticos en apoyo de la campaña de Vázquez a cambio de que ella despidiera al comisionado del regulador de instituciones financieras OCIF, que estaba investigando su banco.
Vázquez supuestamente aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar a un exasesor del banco internacional propiedad de Herrera.
