El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, defendió este miércoles la transparencia del proceso de compra de chacabanas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo un presupuesto de más de RD$18 millones para la Cumbre de las Américas. Según Pimentel, el procedimiento se realizó conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sin incumplimientos legales y con total transparencia.
Pimentel destacó que el proceso fue convocado públicamente, con participación de oferentes y una adjudicación que siguió las normativas establecidas. Además, se refirió a las tres auditorías recientes entregadas por la Cámara de Cuentas, valorando positivamente que el órgano de control externo esté avanzando en la revisión de procesos pendientes desde 2020.
Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico Institucional 2025–2028 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP). El plan busca mejorar la eficiencia en las compras gubernamentales, impulsar la transformación digital del sistema y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Pimentel explicó que uno de los pilares del plan es la consolidación de un sistema electrónico robusto, que ya integra a más de 600 unidades de compra, incluyendo hospitales, ayuntamientos y entidades autónomas. Además, destacó que el sistema cuenta con más de 120,000 proveedores registrados, un aumento de 30,000 en los últimos años, lo que refleja un mayor acceso de los sectores productivos al mercado público.
El funcionario también mencionó la importancia de fortalecer nuevas estructuras dentro de la DGCP, como la Dirección de Compras Estratégicas y el Programa de Cumplimiento Regulatorio, para garantizar que las adquisiciones del Estado cumplan con criterios de planificación y legalidad. Pimentel subrayó que las contrataciones públicas deben ser un motor para el desarrollo económico local y una herramienta que garantice derechos en comunidades que dependen de estos procesos.
Finalmente, reiteró la necesidad de aprobar el proyecto de ley de contrataciones públicas, actualmente en discusión, para modernizar el marco jurídico vigente. “Detrás de cada contrato hay una necesidad urgente y una comunidad que espera que lo público funcione bien. Este plan no es una tarea más, es un compromiso institucional con la gente”, concluyó.
