Un diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha generado polémica al advertir a empleados públicos que podrían enfrentar consecuencias si denuncian descuentos ilegales de sus salarios para financiar proyectos políticos. Jorge Frías, legislador por Santo Domingo Este, publicó en la red social X que quienes filtren información a los medios "lamentarán" sus acciones si el PRM pierde las elecciones de 2028. Sus declaraciones han desatado un intenso debate sobre transparencia y presión política en el ámbito público.
Frías afirmó que, aunque informar es un derecho, los militantes políticos tienen el deber de proteger al partido que les brinda oportunidades. "Si perdemos en el 28, van a desear los descuentos; es para fuera que van", escribió el congresista. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una amenaza velada hacia quienes denuncian irregularidades en el uso de fondos públicos.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respondió rápidamente a las declaraciones. En un mensaje claro, defendió que la transparencia es fundamental en una democracia y que cualquier intento de silenciar a los ciudadanos debilita la confianza en las instituciones. "Proteger lo nuestro no es callar ni amenazar, es cumplir con la Constitución", afirmó Ortiz Bosch, destacando la importancia de evitar prácticas que recuerden errores del pasado.
Este incidente ocurre en un contexto en el que varios empleados públicos han denunciado descuentos ilegales de sus salarios, supuestamente destinados a financiar actividades partidistas. Estas acusaciones han puesto en el centro del debate la necesidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y conforme a la ley.
Las implicaciones de este caso podrían extenderse más allá de lo político, afectando la percepción ciudadana sobre la integridad de las instituciones. Expertos en ética pública han señalado que este tipo de situaciones refuerza la necesidad de mecanismos más robustos para proteger a los denunciantes y garantizar la rendición de cuentas.
El gobierno enfrenta ahora el desafío de abordar estas denuncias de manera efectiva, mientras se espera que este caso impulse un debate más amplio sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la protección de quienes denuncian irregularidades.
