Más de 700 centros públicos en República Dominicana fueron inspeccionados por el Defensor del Pueblo para evaluar su cumplimiento con las normas de accesibilidad universal, según lo establecido en la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad. La iniciativa, que forma parte del Programa de Verificación del Cumplimiento de las Normas de Accesibilidad Universal (PCAU), busca garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder sin barreras a servicios esenciales como educación y salud.
La segunda fase del programa incluyó la supervisión de 725 centros educativos y sanitarios en el Gran Santo Domingo y Santiago. En estas inspecciones, se identificaron graves incumplimientos, como la falta de rampas, puertas exclusivas para personas con discapacidad y asideros en baños. Estos hallazgos fueron documentados en actas que serán remitidas al Ministerio de Educación (Minerd) y al Servicio Nacional de Salud (SNS) para que se implementen las correcciones necesarias.
El PCAU, que comenzó en 2024, tiene como objetivo asegurar que todos los espacios públicos cumplan con los requisitos de accesibilidad universal en un plazo de dos a seis años, según lo estipulado por la ley. Este esfuerzo se enmarca en los artículos 190 y 191 de la Constitución dominicana y en la Ley núm. 19-01, que establece las funciones del Defensor del Pueblo.
Las autoridades han destacado la importancia de eliminar barreras arquitectónicas que limitan el acceso de las personas con discapacidad a servicios públicos esenciales. La iniciativa no solo busca cumplir con la normativa vigente, sino también fortalecer los indicadores de accesibilidad en el país.
Este programa representa un paso clave para garantizar la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en República Dominicana. Las autoridades esperan que las medidas correctivas se implementen de manera oportuna para cumplir con los plazos establecidos por la ley.
