En los meses previos al cierre de 2018, el actual reo preventivo Jean Alain Rodríguez presentó su plan para humanizar el sistema penitenciario, según definió en su momento como procurador General de la República, como uno de los más trascendentes para eliminar el hacinamiento y otros males que plagan las cárceles del país.
La infraestructura y el reasentamiento son componentes fundamentales del plan, que promete construir más prisiones y remodelar otras.
El martes, una auditoría realizada por la Oficina de Contabilidad a pedido de la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca) reveló una realidad diferente: "las violaciones e incumplimientos de la ley" en su implementación perjudicaron a la administración. Agosto de 2016 Civil e "Indicaciones de Responsabilidad Penal” de los Principales Funcionarios de la PGR del 16 al 16 de agosto de 2020.
Entre las irregularidades identificadas por el equipo auditor destacan: falta de planos de terrenos, falta de planificación de obra, falta de estudios de suelo, inadecuada supervisión de ingeniería, abandono de edificaciones establecidas, defectos ocultos de construcción, inauguración y obras inconclusas Compra de equipos, composición de comités de compras que no cumplan con el Decreto 542-12, etc.
Una de las cifras más altas son los fondos de tesorería destinados a contratos de obra sobre plano, que el contador garantizará destinar en 8.535.985.800 pesos.
Además, el monto de los defectos ocultos de construcción es de 438.715.007 pesos.
A continuación, detalle de algunas de las infracciones detectadas:
Algunos hallazgos de la auditoría de la Cámara de Cuenta
- Falta de planificación de las obras: 8,535,985,800 pesos
- Vicios ocultos de construcción de obra: 438,715,007 pesos
- Obras que presentan pagos mayores a los ejecutados: 313,405,422 pesos
- Desembolsos sin facturas o documentos comprobantes del gasto: 529,957,818 pesos
- Pagos a facturas con el mismo número de comprobante fiscal: 5,150,922 pesos
- Deficiencia en la realización y delimitación de funciones y responsabilidades: 1,274,404,975 pesos y 4,679,399 pesos
- Debilidades y vulnerabilidades encontradas durante la inspección física: 348,299,904 pesos
- Adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección:109,809,445 pesos
- Pago de avance sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía: 617,813,351 pesos
- Adjudicación a consorcio sin registro de proveedor del Estado: 510,104,650 pesos
- Adjudicación de empresa propiedad de funcionaria del Ministerio de la Presidencia 103,525,976 pesos
- Fraccionamiento en contratación de servicios: 54,847,298 pesos
- Incumplimiento del plazo para la suscripción de contratos: 3,959,689 pesos y 4,389,800 pesos
- Adjudicación a proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica: 348,299,904 pesos
- Certificación de fondo inferior al monto contratado: 62,000,000 pesos
- Adjudicación a oferentes sin poseer el rubro: 494,562,017 pesos
- Adjudicación a contratista no habilitado: 5,850,951 pesos
- Adquisiciones de bienes sin procedimiento de selección e incumplimiento del objeto contractual: 11,547,236 pesos y 4,229,770 pesos
- Adjudicación a contratista no habilitado: 5,850, 951 pesos
- Procesos sin evidencia de publicidad ni registro en portales: 4,389,800 pesos
El dictamen jurídico de la Comisión de Contabilidad señaló: “En incumplimiento e inobservancia de las disposiciones legales pertinentes en la materia, los funcionarios y servidores públicos no se han desempeñado al nivel esperado de quienes están llamados a defender el interés público, en perjuicio de sus responsabilidades administrativas, "Actuar o no actuar".
Señaló que “en muchas de las conclusiones de este informe, el mal manejo de los recursos públicos asignados resultó en el perjuicio de los mismos, lo que también comprometió su responsabilidad civil y reveló indicios de responsabilidad penal para los funcionarios y servidores públicos señalados”.
Operación medusa
Una investigación preliminar sobre la actual gestión de la Fiscalía General de la República, encabezada por los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, condujo a la detención del exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros ocho funcionarios de su gobierno el 29 de junio de 2021, en nombre de la Operación Medusa.
El expediente del caso Medusa determinó que el exprocurador Rodríguez y otros acusados presuntamente formaron parte de una red criminal corrupta operada por la Fiscalía General de la República entre 2016 y 2020, y que, según estimaciones preliminares, pagaron más de seis mil millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert y el exsubdirector Alfredo Alexander Solano Augusto se encuentran en prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres. La ingeniera y exlíder de proyecto Jenny Marte Peña, la exsubdirectora Altagracia Guillén Calzado y el exdirector de contabilidad Rafael Antonio Mercedes Marte fueron puestos bajo arresto domiciliario.
El procedimiento también se realizó contra el exconsultor Miguel José Moya, quien recibió una garantía financiera de 1 millón de pesos en forma de contratos con compañías de seguros, barreras de salida y representaciones periódicas.
Asimismo, se trata de Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de gabinete del exabogado Rodríguez Sánchez, quien fue detenido en España el año pasado, y se le pidió que lo entregara a República Dominicana.
La Fiscalía Administrativa Corrupción encontró violaciones a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que tipifican y sancionan las normas de asociación de funcionarios, prevaricación, asociación delictuosa y fraude contra el Estado.
A un año del desmantelamiento de la supuesta red, el Ministerio Público da los últimos toques a los imputados que han presentado cargos formales.
