El alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, enfrenta una grave denuncia por corrupción administrativa presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Los regidores Ulises Aquino Franco, del mismo partido del alcalde, y Luz Johanna Batista Solimán, del Partido Reformista Social Cristiano, acusan a Metivier de contratar brigadas de limpieza que no realizaron ningún trabajo, lo que habría costado al municipio millones de pesos.
Según la denuncia presentada el pasado 3 de abril, se contrataron más de 16 brigadas para operativos de limpieza en la ciudad y los cementerios municipales. Sin embargo, las autoridades no pudieron comprobar la existencia de estas brigadas ni el trabajo realizado. "Verificamos 15 brigadas que sumaban unos RD$3 millones mensuales, pero nunca encontramos a nadie trabajando", afirmó Aquino.
Los contratos, firmados por el alcalde, carecían de detalles sobre los lugares, horarios y número de personas contratadas. Además, algunos pagos se realizaron el mismo día en que se emitieron los cheques, lo que ha generado sospechas de irregularidades. Los cheques fueron entregados a Ramón Henríquez, del departamento de servicios municipales, y a Inocencio Santana, secretario general del Ayuntamiento.
Metivier defendió los pagos, argumentando que se hacían a través de terceros debido a la falta de personal dominicano disponible. "El contrato está a nombre de una persona, y esa persona se encarga de pagarles a los trabajadores", explicó. Sin embargo, los regidores cuestionan la transparencia de estos procedimientos, ya que no se siguieron los requisitos legales, como la presentación de los contratos ante el concejo municipal.
Además de las brigadas fantasma, se han cuestionado otras licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a familiares y empleados del alcalde. Por ejemplo, la compra de artículos ferreteros por RD$445,050 a Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político de Metivier. También se adjudicó un contrato de RD$424,800 para servicios de almuerzo a Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, propiedad de Andrés Manuel Pichardo Canela, hijo de un empleado del Ayuntamiento.
La Ley 340-06 prohíbe la participación en contrataciones públicas de familiares de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Además, la Constitución de la República prohíbe el nepotismo y el uso de influencias para favorecer a familiares con recursos públicos, lo que podría resultar en sanciones graves.
La Romana tiene un historial de alcaldías cuestionadas. El anterior alcalde, Tony Adames, fue condenado en 2018 a dos años de prisión por incumplimiento de pago de obras artísticas y enfrentó otro proceso por presunto desfalco de más de RD$200 millones durante su gestión.
En resumen, la gestión de Metivier está bajo escrutinio por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y legalidad de su administración.
