Cientos de agrónomos tomaron las calles este jueves en una marcha masiva hacia el Palacio Nacional para exigir mejoras salariales, pensiones dignas y la reposición de profesionales desvinculados en el sector agropecuario. La protesta, liderada por el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Víctor Hugo Hernández, busca llamar la atención del gobierno sobre demandas que, según los manifestantes, son clave para garantizar la seguridad alimentaria y la justicia laboral en el campo dominicano.
La movilización, descrita como pacífica y respetuosa, tuvo como objetivo principal entregar un pliego de peticiones al presidente Luis Abinader. Entre las exigencias destacan un aumento salarial para los profesionales del sector, la reposición de técnicos cancelados en instituciones agropecuarias y un proyecto de viviendas para los trabajadores. Hernández expresó confianza en que el gobierno atenderá estas demandas, tal como lo ha hecho con otros sectores en el pasado.
"Venimos con dignidad y respeto. Nuestra lucha es legítima y busca mejorar las condiciones de quienes han dedicado su vida a producir alimentos para el país", afirmó el líder gremial. Además, subrayó que la implementación de pensiones dignas no solo beneficiaría a los profesionales actuales, sino que también atraería a jóvenes talentos al sector, dinamizando la producción agropecuaria.
El contexto de estas demandas se enmarca en un escenario nacional donde el campo dominicano enfrenta desafíos como la migración de jóvenes a zonas urbanas y la necesidad de modernizar las prácticas agrícolas. Hernández enfatizó que reconocer el trabajo de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) es un acto de justicia histórica, ya que fueron ellos quienes impulsaron la Reforma Agraria, beneficiando a más de 150 mil familias rurales.
Las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial a las peticiones presentadas. Sin embargo, el gremio agropecuario ha dejado claro que continuará abogando por mejoras en las condiciones laborales y de vida de sus miembros. Este movimiento podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los profesionales del sector agropecuario, con implicaciones significativas para la producción nacional y la seguridad alimentaria del país.
