El abogado Plinio Pina, representante de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, ha denunciado que la jueza Fátima Veloz podría estar comprometida en el caso debido a sus vínculos familiares con el Grupo Puntacana, socio del empresario Antonio Espaillat, principal acusado. Pina asegura que esta conexión pone en duda la imparcialidad de la jueza y ha anunciado que está evaluando acciones legales para garantizar un juicio justo.
Pina criticó duramente la decisión de Veloz de otorgar libertad bajo fianza a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del homicidio involuntario de 236 personas en la tragedia del Jet Set. El abogado afirmó que esta decisión expone las debilidades del sistema judicial dominicano, al que calificó de sometido a una "prueba de esfuerzo" con este caso.
El jurista también señaló que, desde el inicio del proceso, se han cometido errores que han perjudicado a las víctimas. Entre ellos, destacó que sus clientes no fueron notificados adecuadamente para participar en la audiencia de medidas de coerción contra los Espaillat. "Desde el primer momento, hubo intención de avanzar sin considerar a las víctimas", afirmó Pina.
Además, el abogado cuestionó que, aunque la jueza Veloz aseguró haber respetado varios derechos durante el proceso, ignoró uno fundamental: el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. "Ella no se percató de que nosotros teníamos derecho a un juez imparcial", sostuvo.
Pina representa a ocho víctimas del colapso, entre ellas a Gregory Adames, considerado el testigo clave del Ministerio Público en el caso contra los hermanos Espaillat. El abogado insistió en que las fallas procedimentales han afectado directamente a las víctimas y testigos que representa.
El caso Jet Set ha tomado un giro más polémico tras conocerse los vínculos de la jueza Veloz con el Grupo Puntacana, empresa que mantiene relaciones comerciales con los acusados. Veloz es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdez, un destacado ejecutivo del sector turístico y exdirectivo del Grupo Puntacana.
En resumen, el abogado de las víctimas ha puesto en duda la imparcialidad de la jueza y ha anunciado acciones legales para garantizar un proceso justo en un caso que ya ha generado fuertes críticas al sistema judicial dominicano.
