Abinader en la cuerda floja: Juristas tachan de "inconstitucional" su decreto antiterrorista contra bandas haitianas

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, enfrenta críticas tras anunciar que las bandas criminales haitianas serán consideradas organizaciones terroristas por decreto. Expertos legales advierten que esta medida podría ser inconstitucional y violar principios internacionales.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) aseguró que clasificar a estos grupos como terroristas mediante un decreto presidencial va en contra del principio de legalidad. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, explicó que este tipo de delitos deben ser tipificados por una ley, no por un decreto. Además, señaló que es necesario determinar si las acciones de estas bandas cumplen con los requisitos para ser consideradas terrorismo según la legislación dominicana.

Otros juristas, como Cándido Simón, respaldaron esta postura. Simón destacó que el término "terrorismo" no puede ser establecido unilateralmente por un país, ya que requiere el respaldo de convenciones internacionales. Añadió que la comunidad internacional se refiere a estos grupos como "grupos armados", no como terroristas.

Laura Acosta, otra abogada consultada, afirmó que la medida carece de fundamento legal, ya que la Constitución y las leyes nacionales exigen una orden judicial para perseguir o arrestar a personas. Por su parte, Carlos Balcácer subrayó que para clasificar un acto como terrorismo en República Dominicana, debe existir una organización con el propósito de alterar el orden público y causar terror en la población, además de contar con respaldo financiero.

El anuncio de Abinader se hizo durante su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. El mandatario aseguró que cualquier miembro de estas bandas que ingrese al país será perseguido, detenido y juzgado bajo las leyes antiterroristas.

En resumen, la decisión del presidente dominicano ha generado un intenso debate legal. Expertos coinciden en que, aunque la intención puede ser positiva, la forma en que se está implementando podría ser inconstitucional y contraria a los principios jurídicos internacionales.

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