Los tribunales han otorgado 52 aplazamientos en casos de corrupción administrativa, permitiendo que los juicios se prolonguen más allá de los cuatro años establecidos por ley. retrasos, solicitados por imputados que buscan negociar con el Ministerio Público, están afectando gravemente el sistema judicial y perjudicando a otros acusados.
Según el Código Procesal Penal, un proceso no debería durar más de cuatro años, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, los jueces han interpretado este plazo como "razonable", lo que ha permitido que los casos se alarguen debido a las continuas solicitudes de aplazamiento. Estos retrasos no solo evitan que se cumpla el plazo máximo, sino que también perjudican a otros imputados, ya que los jueces no cuentan estos tiempos adicionales al evaluar la extinción de un caso.
Los imputados están utilizando el llamado "criterio de oportunidad" para detener los procesos y negociar con el Ministerio Público. Este mecanismo legal les permite colaborar con las autoridades a cambio de beneficios, pero está generando un efecto dominó en otros casos de corrupción. Un ejemplo claro es el caso Medusa, donde se concedieron 28 aplazamientos para permitir negociaciones entre los acusados y el Estado.
En este caso, Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro Lisandro Macarrulla y representante de Mac Construcciones SRL, admitió haber pagado sobornos para beneficiarse de un proyecto de construcción. Tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, se le solicitó una pena basada en esa negociación.
Estos aplazamientos y negociaciones están poniendo en evidencia las debilidades del sistema judicial frente a la corrupción. Mientras los casos se alargan indefinidamente, la justicia parece quedar en segundo plano, dejando a muchos ciudadanos cuestionando la eficacia de las instituciones encargadas de combatir estos delitos.
