Meta, propietaria de la red social Facebook, contribuyó a la violación de los derechos humanos en Etiopía. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional en un informe que acusa al gigante tecnológico estadounidense de "fracasar a la hora de frenar adecuadamente la difusión de contenidos que hacen apología del odio y la violencia".
En noviembre de 2020, Etiopía vivió el estallido de un brutal conflicto entre las autoridades de la región de Tigray, al norte del país, y el gobierno federal. La guerra civil se prolongó durante casi dos años y pudo causar entre 300.000 y 500.000 muertes, la mayoría de la comunidad tigrayana.
La investigación, publicada el pasado 30 de octubre, documenta cómo la plataforma fue usada para popularizar un discurso de odio y deshumanizador contra la población de Tigray, palabras que sirvieron para incitar la discriminación y violencia en el país. "A través de sus algoritmos de modificación de contenidos y su modelo de negocio ávido de datos, Meta a vuelto a contribuir a a graves violaciones de derechos humanos", ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La oenegé ha hablado con víctimas del conflicto, periodistas locales y antiguos moderadores de contenido de Facebook. Por ejemplo, el académico etíope Abrham Meareg explica en el informe cómo la red social sirvió para organizar un ataque racista y el posterior asesinato de su padre, Meareg Amare. "Sabía que sería su sentencia de muerte", lamenta. "Si se hubieran tomado en serio nuestras denuncias, mi padre estaría vivo".
Inacción de Meta
"Incluso antes de que estallara el conflicto, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos advirtieron en repetidas ocasiones de que Meta corría el riesgo de contribuir a la violencia en el país, y suplicaron a la empresa que tomara medidas significativas", prosigue Callamard. "Sin embargo, Meta hizo caso omiso de estas advertencias y no adoptó medidas paliativas adecuadas, ni siquiera después de que estallara el conflicto".
Facebook es una plataforma muy popular en Etiopía. Muchos de sus ciudadanos la usan como fuente fiable de información. Sin embargo, durante el conflicto armado en el norte del país africano también se usó como espacio donde difundir mensajes de odio y organizar ataques violentos.
Amnistía Internacional también denuncia que los algoritmos de la red social "están diseñados para maximizar la participación de los usuarios en aras de la publicidad dirigida, por lo que potencian los contenidos incendiarios, dañinos y divisivos que tienden a atraer la mayor atención de sus usuarios". Esa lógica económica tuvo un efecto perverso: "Alimentaron efectos devastadores sobre los derechos humanos al amplificar en la red contenidos nocivos dirigidos a la comunidad tigresa".
Meta’s content-shaping algorithms are designed to maximize user engagement for the sake of targeted ads, as a result, the algorithms boost inflammatory, harmful and divisive content that tends to attract the most attention from its users.
— Amnesty International (@amnesty) 31 de octubre de 2023
Genocidio en Myanmar
Este no es el único escándalo de violencia que persigue a Facebook. Tres años antes de que estallase la guerra en Etiopía, la red social creada y dirigida por Mark Zuckerberg jugó un "rol determinante" en el genocidio de la comunidad musulmana Rohinyá en Myanmar, según confirmaron investigadores de Naciones Unidas. La junta militar y la policía de la antigua Birmania, de mayoría budista, se sirvió del potencial amplificador de la plataforma para incitar una campaña de limpieza étnica que se saldó con el asesinato de 25.000 personas, con más de 700.000 desplazados e incontables violaciones de los derechos humanos.
En 2021, grupos de refugiados birmanos demandaron a Facebook por 150.000 millones de dólares acusando a la compañía de no actuar y exacerbar así la incitación al odio contra los rohinyá, la minoría religiosa más perseguida del planeta. En África han seguido el mismo camino. Hace un año, tres litigantes presentaron una demanda similar en la que exigieron a Meta el pago compensatorio de 2.000 millones.