Santo Domingo.- El Instituto de Investigaciones y Estudios sobre Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo expresó que el rechazo del actual Congreso dominicano a la propuesta de la Junta Central Electoral de incluir la paridad horizontal y vertical entre mujeres y hombres en las listas de candidatos a el régimen electoral.
La institución dijo que se trata de una actitud que impide avanzar en el cumplimiento de los postulados constitucionales que dan el mandato de tomar las acciones necesarias para avanzar en el logro de la igualdad de género.
También dijo que la paridad de género es una apuesta para fortalecer la calidad democrática del país, avanzar hacia la representatividad.
La continuación del texto completo
El Instituto de Investigaciones y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, expresa que el rechazo del actual Congreso dominicano a la propuesta de la Junta Central Electoral de incluir la paridad horizontal y vertical entre mujeres y hombres en las listas de candidatos del régimen electoral es una acción que reitera una actitud
que impide avanzar en el cumplimiento de los postulados constitucionales que otorgan el mandato de realizar las acciones necesarias para avanzar en el logro de la igualdad
de genero
La paridad de género es una apuesta para fortalecer la calidad democrática del país, avanzar hacia la representatividad.
La paridad en el régimen electoral implica un avance en el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre la igualdad de género, no solo como un derecho protegido y protegido
en la constitución sino también como un principio que debe transversalizar todas las reformas legales en las que se involucre el Estado dominicano.
La Constitución vigente establece en el artículo 39, numeral 5 que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de
cargos de elección popular para instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los órganos de control del Estado”.
El Derecho a elegir y ser elegidoa, en República Dominicana se basa en un sistema democrático que propone una garantía de participación basada en la igualdad y la no discriminación y no basta con dejarlo expreso en las leyes, como de hecho lo es. hecho en esta reforma sino que por la complejidad del tema, la constitución ordena establecer
mecanismos especiales para lograr la igualdad sustancial, por lo que apostar por la paridad es un paso para aumentar la representatividad y elevar la calidad de la democracia.
Ya existen precedentes de legislaciones en América Latina que incorporan la paridad como derecho fundamental de participación política e igualdad y no discriminación, o como
principio democrático, como los casos de Costa Rica y Bolivia para señalar ejemplos en América Latina.
Se ha incorporado la paridad, vinculándola a los derechos fundamentales de la legislación costarricense, cuyo Código Electoral reformado establece que "la participación política de los
hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa y al amparo de los principios de igualdad y no discriminación (…)
que se regirá por el principio de paridad (…)” (art. 2).
Ciudad Universitaria. Distrito Nacional, RD Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1er Nivel Tel. 809 5324745. Correo electrónico generoyfamiliafces@uasd.edu.do
Lo mismo ocurre con la Ley de Régimen Electoral de Bolivia, que establece la Equivalencia como uno de los principios de la democracia intercultural, en virtud de la cual la democracia boliviana es
se fundamenta en la igualdad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos aplicando la paridad y alternancia en todos los cargos de gobierno y representación, elección interna de dirigentes y candidaturas de organizaciones políticas y en los procedimientos de los pueblos
indígenas (Ley 26 art. 2).
También es relevante el rechazo del Congreso a la eliminación del voto preferencial, en una sociedad con tantos desafíos pendientes para el desmantelamiento de los imaginarios sociales.
sexistas que son la base de las desigualdades de género que nuestra constitución nos manda superar. Así, para garantizar una representación equitativa en términos de género en los espacios electivos dominicanos, no bastaría establecer la paridad en las listas de candidaturas, cuando persiste un voto preferencial que deja en desventaja a quienes tienen menos recursos económicos, en un país donde La pobreza tiene rostro de mujer.
Ante esta situación, nos sumamos a la preocupación manifestada por la Junta Central Electoral, por este y otros temas que fueron rechazados o no considerados por el Congreso,
Hacemos un llamado al Congreso Nacional a reconsiderar la reforma aprobada y a todos los sectores que creen en la construcción real de un sistema democrático que garantice un
participación basada en la igualdad y la no discriminación.
