El nuevo Código Penal dominicano, que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, enfrenta fuertes críticas por supuestas violaciones a la Constitución, lo que podría desencadenar una crisis de legitimidad y cuestionamientos judiciales. El abogado constitucionalista Pedro Justo Castellanos ha alertado sobre múltiples fallos en la Ley núm. 74-25, advirtiendo que su aplicación podría generar inseguridad jurídica en todo el país.
Durante una clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Castellanos identificó junto a sus estudiantes varios aspectos problemáticos en la nueva legislación. Entre los puntos más controvertidos destacan las disposiciones sobre difamación e injuria, que podrían afectar la libertad de prensa, y las medidas de seguimiento sociojudicial, consideradas innovadoras pero con un diseño normativo ambiguo que podría dificultar su implementación práctica.
El jurista también cuestionó si la ley cumple con el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, sugiriendo que podría abrir la puerta a formas de discriminación prohibidas por la Carta Magna. Además, expresó dudas sobre la calidad del proceso legislativo que dio origen al Código Penal, afirmando que el Congreso Nacional no dedicó el tiempo suficiente para un análisis profundo y constitucionalmente consistente.
El debate sobre el Código Penal lleva años en la agenda pública y académica, pero según Castellanos, este proceso no se reflejó en una deliberación legislativa adecuada. "No tengo claro que el Congreso haya discutido esto con perspectiva constitucional y en sintonía con la realidad social", sostuvo el experto durante una entrevista televisiva.
Las críticas llegan en un momento crucial, justo semanas antes de la entrada en vigor de la ley. Las posibles implicaciones de estas observaciones podrían llevar a desafíos legales ante el Tribunal Constitucional, lo que generaría incertidumbre sobre el futuro del nuevo sistema penal dominicano.
