La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) Revelaron nuevas irregularidades encontradas en el proceso de licitación pública del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para instalar la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
Entre ellos se encuentra la contratación directa de la razón social Transcore Latam, SRL, lo que viola varios artículos de la Ley de Contrataciones Públicas y los principios del debido proceso y legalidad.
Además, la violación al debido proceso en la emisión del certificado de asignación presupuestaria por haber utilizado un documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant, en lugar del generado por el Sistema de Información de Gestión Financiera (Sigef).
La DGCP detalló que el monto de la adjudicación y del contrato también excede el documento correspondiente para la contratación en 117.350.900 pesos, comprometiendo así los recursos del Estado más allá de lo dispuesto en el certificado.
Asimismo, se verificó que la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada por la razón social Transcore Latam, SRL es inferior a la requerida en el pliego, incumpliendo el requisito de validez establecido.
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Reitera nulidad de condiciones
En este sentido, la entidad reiteró la nulidad del pliego y del procedimiento de licitación pública luego de evaluar los resultados de la tercera investigación que se realiza y que confirma diversas irregularidades por las cuales se aplican sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no cumplieron. a las reglas del debido proceso en el marco de la licitación realizada.
“En consecuencia, queda nulo el contrato directo celebrado por Intrant con el nombre de Transcore Latam, SRL, respecto de la prestación del servicio de recolección de los 305 controladores existentes en diferentes intersecciones a nivel nacional, el cual no estaba estipulado. en las especificaciones”, destaca el documento de la DGCP.
La resolución en cuestión será enviada a diversas instituciones y órganos de control para que, en el marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes sobre la emisión de facturas y sus comprobantes fiscales, emisión de una línea de crédito aparentemente regular, conflicto de intereses, ética del comportamiento de los servidores públicos y prácticas anticompetitivas, entre otros temas.
La DGCP también anunció que la próxima semana dará a conocer la última resolución sobre el caso, en la que establecerá el proceso sancionatorio que aplica contra la empresa ganadora.
