Santo Domingo.- El Juzgado Segundo de Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de 18 meses de prisión preventiva contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, uno de los principales responsables de una red de corrupción desarticulada con la Operación Calamar.
El director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, señaló a los medios que la decisión del tribunal es la "que correspondía por ley, ya que la defensa no prevé ni un solo nuevo presupuesto para el tribunal decida en otra dirección.
"Por otro lado, aportamos 18 estimaciones", entre ellas un interrogatorio "que da cuenta de las maniobras realizadas por este acusado del Ministerio de Hacienda por el pago fraudulento de expropiaciones", dijo, y "al menos ocho Se han presentado nuevos demandantes." adheridos a este proceso", anotó.
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El extitular de Hacienda y exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Najayo Hombres, San Cristóbal, desde que se dictó medida coercitiva en su contra en abril pasado.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitió su participación en esta estructura de corrupción desmantelada en la Operación Calamar.
En el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el excontralor General de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector del Catastro Nacional Claudio Plata Peña, y los exdirectores de Casinos y Apuestas Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La acusación preliminar de Ministerio Público contra los imputados incluye conductas tipificadas en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley sobre Cohecho en el Comercio y las Inversiones, la Ley de Declaración Jurada de Bienes, la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El expediente de la Operación Calamar consta de más de 3.000 folios y más de 1.200 pruebas, que detallan cómo los integrantes de esta red robaron al Estado más de 17.000 millones de pesos, sumados a unos 2.100 millones en deuda administrativa.