Santo Domingo.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, emitió una alerta sobre algunos aspectos del actual proyecto de ley fiduciaria que, a su juicio, es un paso hacia los retrocesos institucionales, en materia de transparencia en el manejo de los fondos del Estado.
El expresidente de la Cámara de Diputados se refirió al proyecto de ley sobre fideicomisos que actualmente conoce este órgano legislativo, destacando que “son muchas las ventajas de la figura del fideicomiso para promover el desarrollo, pero las eximen del cumplimiento de la ley sobre el uso de Fondos del Estado es un paso atrás para la institucionalidad”.
Martínez consideró incorrecta la propuesta legislativa en la que “se establece que las compras de fideicomisos públicos no cumplirían con la Ley 340-06 de Compras y Contratos, y que la contratación de personal se haga al margen de la Ley 41-08 de Función Pública. Inadmisible !".
“Entendemos que la Superintendencia de Bancos no debe ser el regulador, porque los fideicomisos públicos no son entidades de intermediación financiera. El síndico debería ser licitado, algo que no está contemplado en la ley”, explicó Martínez.
El alto dirigente político en su trino, propone una “revisión integral de la Ley 189-11 para contemplar figuras como la confianza pública y las alianzas público-privadas. Además, necesitamos una ley de empresas públicas que regule las inversiones del Estado en empresas de capital social público que participen en el mercado”, asegurando que los errores contenidos en el citado proyecto de ley, “solo resultarán en un parche legislativo en perjuicio de la transparencia y cuál debe ser el buen uso de los fondos del Estado”.
Otro elemento que llamó la atención es que los empleados de los fideicomisos públicos se rigen por el Código del Trabajo, algo propio de las empresas privadas, y no por la Ley 41-08, que es la que se aplica a los empleados públicos.
La Ley de la Función Pública establece requisitos de idoneidad, limitaciones para trabajar en otras entidades para evitar conflictos de interés, derechos y deberes de los servidores públicos, todo lo cual quedaría obviado en el caso de los fideicomisos públicos de aprobarse el mencionado proyecto de ley. .
Otro aspecto que debe tomarse en consideración del proyecto de ley vigente es que permite el endeudamiento extrapresupuestario que contradice los manuales de estadísticas fiscales y de deuda de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, estableciéndose, además, que dicho la deuda no debe ser aprobada por el Congreso Nacional, lo cual es inapropiado y debe ser revisado.
El año pasado más de 15 mil millones de pesos de recursos del Estado fueron transferidos por el actual Gobierno en fideicomisos, y se ha acudido a este mecanismo, que no puede sustituir ni suplantar las estructuras y mucho menos permitir eludir los controles en el manejo de los recursos del Estado.
