Donald Trump ha intensificado su lucha contra sus adversarios políticos, y esta semana dio un nuevo golpe. Letitia James, fiscal general de Nueva York y una de sus críticas más acérrimas, ha sido imputada por un gran jurado federal en Virginia, acusada de fraude hipotecario relacionados con la compra de una propiedad. Esta acción es vista como parte de una estrategia de Trump para usar el Departamento de Justicia en su beneficio.
La tensión entre Trump y James no es nueva. James, quien llegó a su cargo prometiendo perseguir al ex presidente, lo ha etiquetado como un "artista del timo". En 2024, logró una victoria significativa al conseguir una condena civil contra Trump y su empresa por fraude, imponiéndoles una multa de más de 300 millones de dólares por inflar valores de activos. La imputación de James llega apenas dos semanas después de que otro gran jurado acusara a James Comey, exdirector del FBI y otro de los rivales de Trump.
El papel del Departamento de Justicia en estos casos ha levantado sospechas de politización. Trump ha colocado a aliados cercanos en puestos clave, como Lindsay Halligan, quien fue nombrada fiscal en Virginia sin experiencia previa en el ámbito. Halligan reemplazó a un fiscal que se oponía a presentar cargos contra Comey. Fuentes anónimas citadas por 'The Washington Post' sugieren que incluso dentro de la fiscalía hubo dudas sobre la solidez de las acusaciones contra James.
Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, también ha estado bajo el escrutinio. Trump la presionó públicamente para que actuara contra sus adversarios, incluyendo a James y al senador Adam Schiff, quien tuvo un papel clave en los dos intentos de impeachment contra Trump. Bondi protagonizó un tenso enfrentamiento con Schiff esta misma semana durante una audiencia en el Senado, donde se mostró agresiva y defensiva, lo que ha reforzado las críticas sobre la pérdida de independencia del Departamento de Justicia.
La imputación de James y el reciente caso contra Comey subrayan lo que muchos ven como una manipulación del sistema legal por parte de Trump para perseguir a sus enemigos políticos. Esta estrategia ha generado preocupación sobre el estado de la democracia en Estados Unidos, con críticas crecientes sobre el uso del poder judicial como arma política. La lucha de Trump parece no tener fin, y su impacto en la independencia del sistema legal sigue siendo un tema de debate.
