Un tribunal surcoreano ha ordenado la liberación del presidente Yoon Suk-yeol, quien llevaba casi dos meses detenido por cargos de insurrección relacionados con su declaración de ley marcial. La decisión, emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, sostiene que su arresto excedió el plazo legal y que su procesamiento se llevó a cabo fuera de los tiempos establecidos. Esta medida llega mientras Yoon espera el resultado de un juicio político que determinará su futuro en el cargo.
El tribunal cuestionó la legalidad del procedimiento seguido por la Fiscalía y la Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango (CIO), señalando que estas entidades no tenían autoridad para extender los plazos de detención sin una base legal. Sin embargo, la oposición y la CIO han pedido que la Fiscalía apele la decisión, alegando el riesgo de destrucción de pruebas.
Por su parte, la defensa del presidente ha exigido su liberación inmediata, argumentando que la suspensión de órdenes de liberación está prohibida por el Tribunal Constitucional. La oficina presidencial celebró el fallo, calificándolo como una corrección a una investigación que consideran "ilegal y simbólica".
Mientras tanto, el país sigue sumido en una profunda polarización. Desde su arresto en enero, han surgido manifestaciones masivas tanto a favor como en contra de Yoon. Sus seguidores reclaman su restitución, mientras que la oposición exige que se confirme su destitución. La tensión ha llevado a un fuerte despliegue policial en Seúl para evitar enfrentamientos.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para resolver si Yoon será destituido definitivamente o si recuperará sus funciones. Si se confirma su destitución, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.
Esta crisis política, desencadenada por la declaración de ley marcial del pasado diciembre, sigue dividiendo al país y dejando en vilo el futuro de su liderazgo nacional.
