La revisión y el conocimiento del pasado trágico es clave para gestionar el presente político colombiano e imaginar un futuro. Eso al menos es lo que cree el presidente Gustavo Petro, quien ha puesto la "paz total" como eje de su gobierno. En este contexto, y aunque no haya sido injerencia del Estado, acaba de ser acusado de crímenes contra la humanidad nada menos que el general que llegó a dirigir el Ejército durante los mandatos del presidente derechista, Álvaro Uribe. De acuerdo a Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)el mecanismo de justicia transicional derivado del acuerdo firmado por el Estado y las FARC para poner fin al conflicto armado, en 2016, Mario Montoya, 74 años, está involucrado en 130 casos de "falsos positivos". Así se llamaban los casos de personas asesinadas que se hacían pasar por guerrilleros muertos en combate.
Los hechos por los que se imputa a Montoya ocurrieron cuando estaba al frente de la Cuarta Brigada en Medellín, en el noreste de ese país. Según la JEP, el entonces General ha mentido "sobre el número de víctimas" y encubrieron episodios "de uso excesivo de la fuerza".
El jefe de esa unidad del Ejército presionó a sus subordinados para que ascendieran basándose en ejecuciones que fueron presentadas como "bajas en combate". Pero, además, la JEP acusa a Montoya de "exaltar" el derramamiento de sangre. El tribunal consideró que los "falsos positivos" no pueden "comprenderse" sin la exigencia de "mejores resultados operativos" por parte de los comandantes de la Cuarta Brigada que, en rigor, lo que buscaban era inflar las cifras de los "politica de seguridad" llevado a cabo por el gobierno de Uribe. Su gobierno había comenzado en 2002 con la promesa de redoblar la estrategia contrainsurgente, especialmente dirigida hacia las FARC, a las que asestaría duros golpes. Uribe aumentó considerablemente el presupuesto militar para cumplir esos objetivos.
La JEP revisó documentos públicos y aquellos que estaban fuera del alcance del público para llegar a una conclusión que afecta también a los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular.
El escándalo de los "falsos positivos" estalló durante el último tramo del segundo mandato de Uribe. Para entonces, juan manuel santos estuvo a cargo del Ministerio de Defensa y Montoya era la principal autoridad del Ejército. El presidente tuvo que deshacerse del comandante del arma terrestre. Como premio, nombró embajador en la republica dominicana.
El dictamen de la JEP deja entrever la posibilidad de indagar sobre las “decisiones a nivel nacional” que se emitieron arriba de Montoya. Su competencia, acordada en el acuerdo de paz de 2016, es clara: no puede investigar a los jefes de estado, aunque sí cuestionarlos.
Antes de acusar a Montoya, la JEP había acusado a los dirigentes de las FARC de cientos de secuestros. Aún no ha dictado su primera sentencia desde el inicio de sus actividades, en 2017.
El contexto de la imputación
El caso Montoya se conoce en medio de la compleja marcha del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y el ELN, la guerrilla de estilo guevarista, que opera desde mediados de los años 60.
Al mismo tiempo, Petro acaba de expresar su deseo de promulgar una "ley de reconciliación nacional" que, según el portal la silla vaciabusca “ofrecer una propuesta atractiva a las organizaciones criminales con las que el Gobierno lleva meses buscando acercamientos para que entren en una paz total”.
