La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que libere inmediatamente a seis opositores políticos detenidos en 2024. Además, ha aprobado medidas cautelares para proteger sus vidas e integridad, en medio de un clima de represión y persecución en el país centroamericano.
Los disidentes, entre los que se encuentran un militar retirado, un líder indígena, una emprendedora y una abogada, fueron arrestados sin órdenes judiciales y sin que se justifique formalmente su detención. La CIDH destacó que su paradero y estado de salud siguen siendo desconocidos, lo que representa un riesgo grave para sus derechos fundamentales.
El organismo internacional exigió al régimen de Ortega que informe sobre la ubicación de los detenidos, permita su contacto con familiares y abogados, y garantice su seguridad antes del 19 de marzo. Posteriormente, instó a su liberación inmediata. La Corte advirtió sobre el "contexto de criminalización" que enfrentan quienes critican o se oponen al Gobierno, situación que ha empeorado en los últimos años.
Esta no es la primera vez que la CIDH interviene en Nicaragua. Desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno que dejaron más de 300 muertos, el organismo ha seguido de cerca los casos de persecución política. A pesar de las órdenes anteriores, el régimen de Ortega ha ignorado repetidamente las resoluciones de la Corte.
En los últimos seis años, cientos de personas han sido encarceladas en Nicaragua por motivos políticos. Aunque en 2023 y 2024 se liberó a un gran número de presos, muchos fueron acusados de "traidores a la patria", desterrados y despojados de su nacionalidad. La situación sigue siendo crítica para quienes se atreven a alzar su voz contra el Gobierno.
