La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aseguró este martes que los procesos de compra y contratación en situaciones de emergencia no implican la falta de controles ni el uso arbitrario de recursos. Según la institución, estas adquisiciones, aunque más ágiles, siguen un marco normativo estricto para garantizar transparencia y eficiencia.
Carlos Pimentel, director general de la DGCP, destacó que la rapidez en estas situaciones no significa saltarse las reglas. “Actuar rápido no implica saltarse las normas: significa aplicarlas correctamente para proteger el interés público”, afirmó.
Los procesos de emergencia se activan cuando el Estado debe responder con urgencia a fenómenos naturales, crisis sanitarias o situaciones que afecten la seguridad y el bienestar de la población. Estos procedimientos tienen una duración aproximada de 15 a 20 días, desde la convocatoria hasta la adjudicación, e incluyen etapas formales que aseguran trazabilidad, participación, competencia y publicidad.
El proceso comienza con un decreto presidencial que declara el estado de emergencia y autoriza el uso de esta modalidad. En este caso, se trata del Decreto 627-25, emitido tras el paso de la tormenta tropical Melissa. Luego, las instituciones elaboran los requerimientos de compra, verifican los fondos disponibles y someten el proceso al Comité de Compras y Contrataciones.
Posteriormente, se publica el pliego de condiciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), se evalúan las ofertas técnicas y económicas, y se adjudica el contrato. Finalmente, el acuerdo se firma y registra ante la Contraloría General de la República.
La DGCP subrayó que las instituciones pueden definir plazos mínimos para la presentación de ofertas, pero siempre garantizando la participación y la competencia. Además, la evaluación, adjudicación y registro del contrato son responsabilidad directa de la entidad contratante.
En su comunicado, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. “Desde la DGCP continuamos trabajando para promover la transparencia y asegurar que cada proceso de contratación, ordinario o de excepción, se realice con integridad y en beneficio de la ciudadanía dominicana”, concluyó.
